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Un año después del horror vivido en la discoteca Jet Set

Lo que comenzó como una noche de celebración, se transformó en una de las operaciones de rescate más complejas y desgarradoras en la historia reciente del país

«Hace un año, vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos, compungidos, con respeto y dignidad, a quienes partieron». Con estas palabras se inicia un comunicado firmado a nombre de la familia Espaillat, propietaria de Inversiones E Y L SRL, y en representación de los hermanos Antonio y Maribel, con el que se recuerda el primer aniversario del horror vivido en la discoteca Jet Set.

En la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una de las emblemáticas fiestas de los lunes, el techo del centro de diversión colapsó, apagando la vida de 236 personas y dejando a unas 180 personas heridas, algunas con secuelas permanentes.

Doce meses han pasado y la escena marcada por el caos, gritos, oscuridad, polvo y decenas de personas atrapadas entre los escombros sigue fresca en la memoria colectiva, sumada al dolor de aquellos que perdieron a un ser querido, incluyendo figuras de renombre como el propio Rubby Pérez, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, el banquero Eduardo Grullón junto a su esposa Joanna, así como su hermana Alexandra Grullón junto a su esposo, Eduardo Guarionex Estrella, y Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi.

Hace dos días, tras la lectura resumida de la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, el Ministerio Público solicitó el auto de apertura a juicio, bajo el cargo de homicidio involuntario.

Los fiscales solicitaron también al juez Reymundo Mejía Zorrilla mantener las medidas de coerción que pesan contra los acusados y propietarios de la discoteca Jet Set, así como la inmovilización de sus productos bancarios y bienes muebles e inmuebles para garantizar su disponibilidad en beneficio de las víctimas, y actores civiles del proceso.

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Los rescatistas jugaron un rol vital para sacar personas con vida. 

Las medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, impuestas en junio de 2025 por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos.

El juez Mejía Zorrilla recesó la audiencia para el próximo 20 de abril con el fin de darle la oportunidad a los terceros civilmente imputados y para que los nuevos querellantes tomen conocimiento de la acusación del Ministerio Público.

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