Copagos médicos: cuando el miedo a reclamar también pasa factura

Antes de tener a su bebé en brazos, Luisa ya tenía una cuenta entre las manos. Apenas cursaba el segundo mes de embarazo cuando su ginecólogo le adelantó que daría a luz mediante cesárea. Había tenido una intervención anterior y, según relata, ese fue el antecedente que el médico le explicó para anticiparle otra cirugía.
En la tercera consulta salió con un desglose de los honorarios que tendría que pagar: ginecólogo, anestesiólogo y pediatra. El nacimiento empezaba a tener un precio que debía reunir durante los meses siguientes, además de los gastos que le correspondieran en la clínica después de aplicar el seguro.
Luisa es el nombre utilizado en este reportaje para preservar su identidad. Su historia recoge una preocupación que no terminaba en cuánto dinero conseguir. También debía decidir si estaba dispuesta a cuestionar el cobro frente al mismo profesional al que había confiado su embarazo.
Pensó en trasladarse al servicio público. La desconfianza y el temor a atravesar mayores dificultades la hicieron desistir. Permaneció con su médico y concentró sus esfuerzos en reunir el dinero.
Reclamar ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) era una posibilidad. Para ella, sin embargo, significaba abrir una confrontación en medio de una relación de confianza y dependencia médica. La persona a la que tendría que discutirle el pago era quien la acompañaría en uno de los momentos más delicados de su vida.
Llegó el nacimiento. Luisa regresó a casa con su bebé sano, después de pagar la diferencia de la cuenta del centro y desembolsar, según su testimonio, alrededor de RD$46,000 adicionales en honorarios profesionales. Por estos últimos pagos asegura que no recibió recibos ni constancias. El alivio por el nacimiento convivió con una pregunta que seguía sin respuesta: ¿qué parte de ese dinero estaba obligada a pagar?.
Una palabra para cuentas distintas
En la conversación cotidiana, casi todo lo que sale del bolsillo del paciente termina bajo el mismo nombre: copago. Pero esa palabra puede reunir conceptos diferentes, con reglas y consecuencias distintas.
El copago establecido es la participación económica que corresponde al afiliado por una prestación cubierta, conforme a las condiciones de su seguro. Otra cosa es una diferencia por consulta especializada, un servicio fuera de cobertura o un monto adicional exigido por encima de lo autorizado. Saber cuál se está cobrando permite determinar si procede pagarlo, solicitar una explicación o reclamar.

El cuadro de coberturas del Plan de Servicios de Salud, publicado por Sisalril a partir de la Resolución 624-02, diferencia incluso entre las formas de nacimiento: establece cobertura del 100 % para los servicios descritos del parto vaginal y contempla participación del afiliado en la cesárea, con condiciones y un tope de cuota moderadora por evento. Los honorarios y la anestesiología aparecen dentro de las prestaciones contempladas. Por tanto, tener seguro no significa que toda cesárea esté libre de pagos, pero tampoco permite agregar cualquier suma bajo el nombre de honorarios.
Determinar si los RD$46,000 relatados por Luisa constituían un cobro improcedente requiere revisar su plan, la autorización y los conceptos facturados. También hay que separar la factura del establecimiento de la remuneración profesional. Que un médico utilice un quirófano no significa necesariamente que trabaje por un salario para esa clínica o que sus honorarios estén incluidos en todos sus cargos. La cuestión es identificar qué se facturó, quién debía pagarlo y si se exigió nuevamente una prestación ya reconocida. El paciente necesita esa explicación antes de comprometer sus ahorros.
El Colegio Médico defiende el ejercicio privado
Para el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, la discusión se ha concentrado injustamente en los médicos, cuando el problema corresponde al funcionamiento del sistema.
“La consulta privada, como su nombre lo dice, es privada”, respondió al ser consultado sobre las diferencias que un paciente puede encontrar entre un profesional y otro.
Peña Núñez sostiene que los médicos invierten en sus consultorios y asumen gastos de electricidad, agua, teléfono y operación. Desde esa perspectiva, defiende la libertad del ejercicio profesional y cuestiona que se pretenda imponer un precio sin atender esas condiciones.
“Entonces, tú no me puedes obligar a mí a poner un precio X”, expresó.
Su planteamiento desplaza parte de la discusión hacia la capacidad de respuesta del servicio público. Según argumentó, una red hospitalaria más eficiente permitiría al paciente acceder a especialistas sin tener que recurrir a la consulta privada. Mencionó, como ejemplo, las esperas que pueden producirse cuando un hospital dispone de un solo cardiólogo.
“No pueden ver el médico contra el paciente”, insistió.
Su explicación recoge un problema de acceso, pero deja una cuestión por resolver: mientras se fortalece la red pública, ¿qué protección concreta recibe quien ya cotiza al seguro y necesita atenderse en un centro privado contratado?
La consulta especializada tiene una dificultad particular. En sus preguntas frecuentes, Sisalril reconoce que las diferencias cobradas por consultas carecen de un tope y vincula esa situación con la falta de implementación del primer nivel como puerta de entrada al sistema. Esa explicación ayuda a entender la diversidad de precios.
Además, las tarifas han tenido modificaciones. La Resolución 624-02 del CNSS elevó de RD$500 a RD$750 los honorarios reconocidos por consultas ambulatorias, incluidas las odontológicas, psiquiátricas y de psicología. Ese monto corresponde a la remuneración reconocida dentro del esquema aprobado; no equivale a fijar en RD$750 el precio total de cualquier consulta privada.
Las clínicas explican por qué la cuenta llega al paciente

Carlos Alcántara Montes, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), atribuye parte de los cobros adicionales al crecimiento de los costos y a tarifas que considera insuficientes para sostener los establecimientos.
En entrevista para este reportaje, describió una operación presionada por salarios, compras en dólares y diferencias entre los plazos de pago a proveedores y los de cobro a las administradoras de riesgos de salud (ARS). Según explicó, deben pagar determinadas compras a los 30 días, mientras reciben pagos de aseguradoras a los 60.
“Los costos se han disparado”, sostuvo.
El resultado, admite, es que algunos centros trasladan gastos al usuario cuando no encuentran respuesta en las aseguradoras.
La explicación permite identificar una presión financiera. Queda por determinar quién debe absorberla y mediante qué mecanismo: una negociación tarifaria, una revisión de cobertura o un pago directo del paciente.
Alcántara Montes hizo una distinción entre los acuerdos previos y las exigencias que aparecen en una emergencia. Afirmó que rechaza que un médico reclame una suma al paciente por un procedimiento realizado en ese contexto. Frente a un convenio previo, su postura cambia.
“Pero si es un acuerdo que hay entre el médico y la paciente, realmente yo no puedo interferir”, manifestó.
También informó sobre acercamientos con la DIDA para una mesa de trabajo que permita abordar las dificultades y procurar un protocolo bajo la regulación de Sisalril.
La palabra acuerdo, sin embargo, necesita examinarse desde ambos lados del escritorio. Para el profesional puede representar la aceptación de sus honorarios. Para una paciente embarazada puede significar aceptar el monto porque teme cambiar de médico o discutir con quien estará a cargo de su intervención. Que una suma haya sido anunciada con anticipación permite conocerla. Su procedencia exige, además, contrastarla con la cobertura y las reglas aplicables.
Las reclamaciones que sí llegan al registro
Las estadísticas permiten observar una parte documentada del problema.
Entre julio y septiembre de 2026, la DIDA registró 1,922 quejas, reclamaciones y denuncias correspondientes al Seguro Familiar de Salud. Dentro de ese conjunto aparecen 44 por diferencias cobradas por encima de lo establecido y diez clasificadas específicamente como honorarios médicos superiores a la diferencia permitida.
El mismo informe consigna 102 solicitudes de revisión de cuentas clínicas por inconformidad con la cobertura y 203 incidencias clasificadas como retención de pacientes. Son registros administrativos de situaciones atendidas, con causas diversas; no equivalen a 1,922 casos de copagos ilegales ni a decisiones sancionadoras.
En otro balance, correspondiente a agosto, la institución informó que evitó desembolsos por RD$18,515,242.74 después de intervenir y evaluar requerimientos que consideró improcedentes. Entre las situaciones identificadas figuran honorarios adicionales, servicios cubiertos, depósitos exigidos para recibir atención y negaciones de cobertura. La cifra representa pagos evitados en casos atendidos, no una estimación del total que las familias pagan indebidamente en el país.
Esos datos tampoco permiten contar a quienes pagaron sin reclamar. La experiencia de Luisa ayuda a explicar por qué esa posibilidad importa: conocer una institución de defensa y sentirse en condiciones de acudir a ella son cosas distintas.
El recibo que falta
Sisalril recordó el 29 de septiembre de 2026, mediante su comunicación sobre la Circular 002957, que los prestadores y profesionales deben entregar comprobantes de los pagos realizados por servicios contemplados en el Plan Básico de Salud.
También estableció que las controversias entre ARS, centros y profesionales por tarifas, honorarios, auditorías, autorizaciones u otros aspectos contractuales deben resolverse por las vías correspondientes. Esas diferencias no pueden trasladarse al afiliado mediante cobros adicionales o condicionamientos de prestaciones cubiertas. Asimismo, recordó a las ARS su responsabilidad de vigilar su red de prestadores.
La regla aborda directamente el argumento de los costos: reconocer que existe una disputa económica no convierte al paciente en responsable de resolverla con su bolsillo. Y entregar un recibo tampoco convierte automáticamente un cargo en válido. Permite identificarlo, revisarlo y, cuando corresponda, reclamarlo.
Quién debe poner orden
La regulación tiene responsables definidos. El artículo 173 de la Ley 87-01 contempla un Comité Nacional de Honorarios Profesionales encargado de establecer y revisar anualmente las tarifas mínimas, con representación gubernamental, de aseguradoras, profesionales y afiliados. Sus resoluciones deben ser aprobadas por el CNSS. La ley también atribuye a Sisalril funciones de supervisión y regulación dentro del sistema. Existe, además, una normativa de infracciones y sanciones aprobada por el CNSS en 2024, cuya aplicación corresponde a Sisalril, mediante el procedimiento establecido.
La DIDA acaba de llevar esa discusión ante Sisalril. En una comunicación dirigida al superintendente Miguel Ceara Hatton, su director, Elías Báez, solicitó estudiar un límite a las diferencias que pagan los afiliados por consultas especializadas. Propuso como referencia un rango escalonado de RD$500 a RD$1,500, según la complejidad del servicio, la especialidad, el tipo de consulta y la ubicación del centro. La solicitud deberá pasar por una evaluación técnica y una propuesta al CNSS; todavía no constituye un tope aprobado.
Según las evaluaciones citadas por Báez, esas diferencias oscilan entre RD$1,000 y RD$5,000, con un promedio de RD$3,000. Son desembolsos que se suman a una atención para la que el afiliado ya cuenta con seguro y que, cuando necesita regresar varias veces, vuelven a pesar sobre el presupuesto familiar.
La institución también pidió regular las consultas de seguimiento para que presentar los resultados de análisis y estudios, dentro de un plazo razonable, no implique pagar nuevamente como si se tratara de una primera consulta. Para el paciente, recibir la indicación de hacerse estudios puede abrir otra cuenta: pagar para realizarlos y volver a pagar para conocer qué significan y cuál será su tratamiento.
La propuesta incluye revisar los honorarios mediante el Comité Nacional de Honorarios Profesionales y actualizar periódicamente el copago y los topes conforme al Índice de Precios al Consumidor. También solicita que los consultorios exhiban sus cobros de forma visible y que se refuerce la supervisión mientras se estudian los cambios. Saber cuánto costará atenderse antes de entrar al consultorio permitiría tomar decisiones con una información que hoy puede llegar cuando el paciente ya está sentado frente al médico.
Báez planteó, además, la implementación gradual del primer nivel de atención y del sistema de referencia y contrarreferencia en el Régimen Contributivo. La intención es que numerosas condiciones puedan atenderse inicialmente sin acudir directamente a un especialista. Esa ruta necesita una respuesta accesible y oportuna: para quien busca atención, organizar el servicio también debe significar encontrar dónde consultar sin que la espera o el costo lo hagan desistir.
La discusión exige entonces dos respuestas: revisar si el financiamiento y las tarifas permiten sostener una atención adecuada, y hacer cumplir las condiciones que ya protegen al afiliado. Una no debería quedar suspendida hasta resolver la otra.
Para el paciente, poner orden tendría consecuencias sencillas: recibir un presupuesto comprensible, saber cuánto reconoce la ARS, identificar su participación y obtener constancia de cada pago. También poder reclamar sin que la continuidad de su atención se convierta en motivo de angustia.
Luisa pudo reunir el dinero. Su bebé nació sano. Ese desenlace no borra lo que tuvo que decidir durante el embarazo: si cuestionaba una cuenta que no comprendía por completo o preservaba, a cualquier costo, la tranquilidad con su médico.
El sistema dispone de tarifas, contratos, circulares y organismos de defensa. La protección todavía tiene que llegar a ese momento íntimo en que una paciente mira el presupuesto y decide callar.
Fuente: Panorama



