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De la alegada enfermedad mental a 20 años de prisión: el caso de Ana Josefa García Cuello

La mañana del 15 de agosto de 2024, una vivienda del residencial La Razón I, en Santo Domingo Este, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes que mayor consternación provocaron en el país. Una niña de apenas seis años había sido asesinada. Su madre, Ana Josefa García Cuello, médica de profesión y miembro del Ejército de República Dominicana, fue arrestada por las autoridades. La menor había sido decapitada.

Más de dos años después, este miércoles 18 de noviembre de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo condenó a García Cuello a 20 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

El tribunal acogió la acusación sustentada por el Ministerio Público y estableció la responsabilidad penal de la procesada.

Pero la historia judicial no se limitó a determinar quién cometió el crimen. Durante el proceso, la discusión también giró alrededor de una pregunta fundamental: ¿estaba Ana Josefa García Cuello en condiciones de comprender sus actos y responder penalmente por ellos?

Desde etapas anteriores del proceso, los abogados de García Cuello alegaron que su representada padecía trastornos mentales que debían ser considerados por los tribunales.

El 26 de marzo de 2026, su abogado Julio Alberico Hernández sostuvo públicamente que existían evaluaciones forenses que identificaban trastornos psicóticos y que, a su entender, sustentaban la inimputabilidad de la acusada.

El planteamiento de la defensa buscaba que la justicia reconociera que García Cuello no podía ser considerada penalmente responsable por el crimen.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, había rechazado una solicitud de inimputabilidad. La acusada también fue sometida a evaluaciones psiquiátricas durante el procedimiento.

El rechazo de la solicitud no significa, por sí mismo, que se haya descartado cualquier condición de salud mental.

El expediente inició formalmente con la detención de García Cuello en agosto de 2024. Cinco días después del crimen, un tribunal le impuso 12 meses de prisión preventiva.

El caso continuó hacia el juicio de fondo, pero su conocimiento enfrentó varios aplazamientos. Uno de ellos estuvo relacionado con la falta de citación de testigos del Ministerio Público. Finalmente, el 18 de noviembre de 2026, los jueces dictaron la condena.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza. No obstante, según los reportes publicados tras el fallo, el tribunal fundamentó la condena en disposiciones penales distintas de las inicialmente invocadas por la acusación.

La sentencia íntegra será determinante para conocer cómo los jueces valoraron las pruebas, cuál fue la calificación jurídica definitiva y qué razonamientos sustentaron la pena impuesta.

Fuente: Panorama

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