Autoridades han intervenido 13 compañías de seguridad privada en un año
La Procuraduría General de la República informó que, en coordinación con otras instituciones, ha intervenido en el último año 13 compañías de seguridad privada que operaban ilegalmente en el país, a las que se les ha ocupado 567 armas de fuego ilegales y arrestadas 24 personas.
Los detenidos, entre propietarios, administradores y gerentes, han sido sometidos a la acción de la justicia y se les ha impuesto distintas medidas de coerción y condenas, afirmó la Procuraduría en una comunicación de prensa.
Detalló que las empresas intervenidas e investigadas por operar ilegalmente son Escuela Private Security, Private Security, Seguridad Suprema, Atlanty, Inter-Com. Dijo, además, que en fase de instrucción en la justicia con medidas de coerción ya impuestas contra sus ejecutivos, está la compañía Security Protection Center, SRL.
De igual manera, citó a la compañía Alcones del Caribe, cerrada de manera provisional y que se encuentra en juicio de fondo, mientras que en fase de audiencia preliminar las empresas Special Armed Security, Compañías de Seguridad G3D, Professional Security And Services y Sepcter.
El órgano a cargo de la persecución de las armas ilegales, explicó que las empresas Leev, Guaposa y R&P, tienen sentencias condenatorias definitivas, además de que se logró el cierre de las compañías, la imposición de multas y la confiscación de los bienes incautados.
El trabajo fue coordinado entre la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas, y el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP).
La declaración explica que las diligencias de investigación realizadas en esos casos fueron autorizadas mediante órdenes judiciales, siendo ejecutadas por la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas de la PGR, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del MIDE.
En relación a las compañías investigadas, desde agosto del pasado año hasta el mismo mes de este 2018, se informó que las compañías de seguridad intervenidas operaban en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, Barahona, Higüey, Pedro Brand, La Vega, Moca, Salcedo y San Francisco de Macorís, así como en el municipio de Las Terrenas, en Samaná.
Explicó que entre las armas ocupadas en las mencionadas empresas hay un total de 396 escopetas, 91 revólveres y 80 pistolas, de las cuales no se tenía ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles y algunas de ellas se estableció que habían sido clonadas, además de que varias tenían el mecanismo de función alterado.
Fuente: Diario Libre
