RD$800 por una certificación digital: ¿qué ha justificado el aumento del papel de buena conducta?
El ciudadano introduce sus datos, paga y descarga el documento. Puede guardarlo, enviarlo por correo o imprimirlo por su cuenta. Así describe la Procuraduría General de la República el procedimiento en línea para obtener el certificado de buena conducta, un servicio de emisión inmediata cuya tarifa pasó de RD$600 a RD$800.
El incremento, reportado en enero de 2026, añadió RD$200 al costo de acreditar que una persona no tiene antecedentes penales. Representa un aumento del 33.3 % en un documento solicitado para fines laborales, migratorios y otros trámites.
Meses después, el portal institucional mantiene publicada la tarifa de RD$800. La ficha del servicio indica que la solicitud digital está disponible las 24 horas y que el usuario puede obtener la certificación después de completar los datos y validar el pago. El precio está visible. La explicación del incremento no ha aparecido en esa descripción del trámite.
¿Cuánto cuesta emitirlo?
La modalidad digital evita que el solicitante tenga que trasladarse a una oficina para los casos que pueden resolverse en línea. También le permite recibir el documento sin que la institución tenga que entregarle una copia impresa.
Eso no basta para concluir que el servicio carece de costos: mantener una plataforma, proteger los datos y administrar el registro requiere recursos. La pregunta es qué gastos específicos justificaron elevar la tarifa y cómo se calculó el monto que ahora paga cada solicitante.
En las fuentes oficiales revisadas para este trabajo no se localizó un desglose del costo por certificación ni el documento que sustente el ajuste. Este resultado de la búsqueda no permite afirmar que esos instrumentos no existan, pero deja pendiente conocer su contenido.
Un servicio que ya generaba ingresos millonarios
Antes del aumento, la emisión del certificado representaba una fuente importante de recaudación para la Procuraduría.
De acuerdo a estadísticas internas de la institución, durante 2025 se registraron 742,989 solicitudes y se generaron ingresos superiores a RD$445.7 millones por ese concepto. La tarifa entonces era de RD$600.
Ese volumen permite dimensionar el alcance del cobro, aunque la recaudación por sí sola no revela cuánto cuesta prestar el servicio ni qué parte de los recursos se destina a sostenerlo.
Para completar la explicación hacen falta tres datos: el acto que autorizó el aumento, el cálculo utilizado para fijar la nueva tarifa y el destino de los ingresos. Son los elementos que permitirían establecer qué está pagando el ciudadano cuando solicita, desde una pantalla, que el Estado certifique la información que conserva sobre él.
Fuente: Panorama
